Colombia refuerza seguridad de candidata presidencial opositora

La estabilidad institucional de Colombia, un pilar fundamental para la confianza de los inversores extranjeros, se enfrenta a una prueba de fuego en el tramo final de la carrera hacia la Casa de Nariño. En las últimas horas, el Gobierno nacional ha ordenado el refuerzo inmediato de los esquemas de seguridad de una de las principales figuras de la oposición, tras la confirmación de graves amenazas de muerte que han encendido las alarmas en los centros financieros de Bogotá y el exterior.

Paloma Valencia, candidata presidencial por el partido de derecha Centro Democrático, denunció públicamente una campaña de intimidación que incluye la difusión de imágenes en redes sociales con la leyenda «Descanse en paz» sobre su fotografía.

Este incidente ocurre a menos de dos meses de los comicios programados para el 31 de mayo, una fecha que el mercado observa con cautela debido a la polarización reinante y el deseo de un cambio de rumbo tras el mandato del actual presidente, el izquierdista Gustavo Petro.

La seguridad de los candidatos no es solo un asunto de orden público, sino una variable crítica para el riesgo país. La incertidumbre política suele traducirse en una parálisis de la inversión privada y en presiones devaluacionistas sobre el peso colombiano.

La gravedad de la situación se ve acentuada por un antecedente que aún estremece al espectro político y empresarial: el asesinato del senador Miguel Uribe. Uribe, quien originalmente pretendía ser el abanderado del Centro Democrático para suceder a Petro, fue víctima de un atentado que dejó un vacío de liderazgo en la derecha y alteró drásticamente el tablero electoral.

La comunidad empresarial teme que una escalada en la violencia política desvíe la atención de las reformas necesarias en materia fiscal y minero-energética. Con la salida de Uribe y el asedio contra Valencia, el Centro Democrático busca mantener su base electoral mientras navega un entorno de alta hostilidad.